Por Martha Olivia López
Unas 20 personas migrantes quedaron atrapadas en el Río Bravo, en la frontera entre Matamoros y Brownsville, Texas ante la desesperación y el acoso que padecen desde hace meses.
“¡Ayuda para los niños!”, son parte de los gritos que se escuchan por parte de los migrantes que cruzaron el río nadando a las tres de la mañana y ahí han permanecido, sin comer y sin agua, por lo que a gritos solicitan ayuda.
Del lado norteamericano, unas cuatro camionetas de la Guardia Nacional escuchan el llanto y gritos de angustia, sin embargo, solo repiten sin cesar una grabación que señala:
“Atención: La entrada a los Estados Unidos desde este lugar está prohibida, preséntate inmediatamente en un puerto de entrada legal. El incumplimiento de estas instrucciones resultará en su arresto por parte de las autoridades. Dañar o destruir el cable y las barreras es un delito. Agredir a miembros del servicio es un delito. Vuelve ahora”.
Los migrantes no pudieron cruzar debido a la malla que se encuentra instalada, así como por los agentes de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, quienes permanecen del otro lado.
El hecho se da en el contexto del recrudecimiento de las medidas contra la migración irregular decretada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien firmó este lunes la polémica ley S-B-4 que endurece las medidas en contra de los migrantes en ese estado y otorga a la policía local el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México.
La medida ha generado miedo entre la comunidad latina de Texas, que representa el 40 por ciento de la población del estado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobernador de Texas y consideró que se trata de una estrategia político-electoral con la que Greg Abbott busca generar simpatía entre la derecha y la extrema derecha en Estados Unidos, y así generar bonos para sus aspiraciones de ser el compañero de fórmula presidencial de Donald Trump.
La ley otorga a la policía local el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México.
