El informe del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal del 2024, colocó al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJET) como el menos eficiente del noreste de México.
El diagnóstico efectuado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), precisa que, los jueces y magistrados de Tamaulipas emitieron en el 2023, 14 mil 468 sentencias condenatorias, sancionadoras, absolutorias y mixtas, muy por debajo de las que emitieron los Poderes Judiciales estatales del noreste del país: Nuevo León (59 mil 424), Coahuila (18 mil 94), Chihuahua (25 mil 869) y Durango (14 mil 676).
En el 2023, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, ejerció un presupuesto de 991 millones 100 mil pesos en sus diferentes sedes, lo que se traduce en un costo de 68 mil 502 pesos con 90 centavos por cada sentencia emitida por los 127 jueces y magistrados estatales.
Esto, contrasta con los resultados obtenidos por el Poder Judicial de Durango, que cuenta con 19 magistrados y 71 jueces, con un presupuesto de 506 millones 306 mil pesos, pero con 14 mil 676 sentencias firmes, superior a las de Tamaulipas.
Según el estudio del INEGI, en Tamaulipas cada sentencia costó 68 mil 502 pesos, en Nuevo León 49 mil 99 pesos; en Durango 34 mil 498 pesos, mientras que en Coahuila, 74 mil 57 pesos y Chihuahua fue la más costosa con 116 mil 158 pesos.
Cabe subrayar que, a pesar que Coahuila, Nuevo León y Chihuahua manejan un presupuesto mayor al de Tamaulipas, el costo promedio de cada sentencia en la entidad es más alto; es decir, la justicia en el estado es más costosa.
Ahora bien, los principales delitos cometidos en Tamaulipas y, por los que el Poder Judicial abrió un expediente, fueron la violencia familiar, el robo, delitos contra la salud relacionados con narcóticos, lesiones, daño a la propiedad, homicidio, por hechos de corrupción, incumplimiento de obligaciones familiares, amenazas y fraude.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024, tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, así como de los Tribunales Agrarios, específicamente en las funciones de gobierno, defensoría pública e impartición de justicia.
