Luis Torre Aliyán
Es acertado el Senador Monreal cuando señala que hay zozobra e incertidumbre en Tamaulipas ante la tardanza de la Suprema Corte en pronunciarse como la última voz en el tema del desafuero.
Porque además de las múltiples balaceras y muertes que se han suscitado en Reynosa en los últimos días; en el epicentro del Estado, su capital, se vivió este viernes una tragedia: murieron Javier Mancilla, Mario Rodríguez y Tadeo Charles, trabajadores de la COMAPA al parecer por intoxicación, al interior de una alcantarilla.
Sobre esto reitero mi deseo de pronta resignación a las familias (víctimas indirectas) y el anhelo genuino de que hagan su reproche legal, que exijan pues, si así lo estiman, justicia.
Pero a pesar de que esto es la gota que derramó el vaso de la corrupción en las COMAPAS -pues hay dinero para todo y para todos los que están en la red de corrupción menos para lo que debería de haber: garantizar el suministro de agua y brindar condiciones aceptables a los trabajadores-, el Lic. Cabeza de Vaca no le dedicó ni un tuit a las familias tamaulipecas víctimas de la probable negligencia por omisión que causó su muerte.
Sorprende porque es un hecho notorio que el Organismo del agua en Victoria como la mayoría de estos organismos públicos descentralizados los opera de facto el Gobierno del Estado. Con todo, más allá de ello, es la capital, es una tragedia en la Colonia La Presita: tres burócratas tamaulipecos muertos en una alcantarilla… El silencio indiferente es la peor falta de respeto.
Y aunque la Presidenta del Consejo de Administración de COMAPA, Pilar Gómez, sí emitió un mensaje de condolencias, nada dice en relación a la posible responsabilidad por omisión en que incurre el Organismo que preside, al no proporcionar el equipo de protección adecuado a sus trabajadores, y aún así ordenarles y permitir exponerlos a un accidente, o a la muerte misma, como ocurrió.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, es clara al reconocer el derecho a la indemnización de quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de una actividad administrativa irregular, que puede ser por acción u omisión.
En el caso concreto, la COMAPA era responsable de dotar de las herramientas de trabajo apropiadas para el fin de las tareas de riesgo a desempeñar por los operadores. El Organismo fue omiso. Esa podría constituir la actividad administrativa irregular; y el daño sufrido, qué peor que la muerte de sus seres queridos.
Habrá que ver peritajes oficiales que seguro ya están ‘truqueando’ Gustavo Rivera y compañía. Pero no se les olvide que la Ley General de Víctimas garantiza el derecho al esclarecimiento de los hechos, el derecho a la verdad; incluso con mecanismos para una investigación independiente e imparcial.
No cabe duda, las aguas de la corrupción se salieron de cauce. La inercia del “riego por goteo” en el que tienen sumida a Victoria los orilla a irse por la puerta de mero atrás…
Hago votos por el descanso en paz de los fallecidos, pero también para que este luto nos dé el coraje de ser una Victoria sin agua, pero con voz.
Concluyo diciendo que ojalá esta tragedia no termine en litigio. Si hay humildad, honestidad y sobre todo empatía con los familiares, debería el Organismo de oficio atender los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este tipo de asuntos, y hacerse responsable de su omisión (actividad administrativa irregular).
Asumir pues, el costo político, económico y social de su actuar negligente, al operar en franco desapego al marco jurídico, exponiendo a la muerte a sus colaboradores. Además, considero que solo ese precedente, y no uno cobarde, inhibiría que la ligereza de la institución para inobservar las normas de seguridad volviera a ocurrir.
