La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a siete de los 16 elementos del Ejército Mexicano involucrados en la ejecución de cinco civiles en Nuevo Laredo.
Los militares, que pertenecen a la división de Operaciones Especiales del Ejército, fueron imputados por los delitos de homicidio calificado con la agravante de ventaja además de ejercicio ilícito del servicio público.
🔴 URGENTE | Malos tratos y militares disparando a civiles: un vídeo muestra una aparente ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo
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— EL PAÍS México (@elpaismexico) June 6, 2023
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) en la audiencia inicial el teniente de infantería José Luis ‘N’, fue señalado por homicidio calificado con ventaja y contra la administración de la justicia.
En tanto, los soldados Armando ‘N’, Benito ‘N’, Ángel ‘N’, Filiberto ‘N’, Carlos ‘N’ y Julián ‘N’, enfrentan cargos por homicidio calificado y ejercicio ilícito del servicio público.
El CDHNL también destacó que aunque son 16 los elementos involucrados, en este proceso únicamente se presentaron cargos contra siete.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo cuando los elementos del Ejército interceptaron y ejecutaron a cinco civiles, rendidos y sin armas en Nuevo Laredo.
La agresión salió a luz pública después de un reporte que publicó el diario El País en el que mostró videos de la ejecución extrajudicial.
El reporte del diario que citó los resultados de las necropsias de los cuerpos de las víctimas, detalló que el cuerpo de uno de los fallecidos tenía “12 heridas de bala y la cabeza destruida”. Otro tenía 10 impactos de bala y “la espalda y las piernas hechas pedazos”.
El medio español agregó que los jóvenes sufrieron 30 heridas por los balazos.
El caso generó controversia y organismos nacionales e internacionales, como la ONU, emitieron recomendaciones ante lo que se consideró como “muertes potencialmente ilícitas”.
Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los 16 militares habían sido detenidos y vinculados a proceso bajo la justicia militar por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar.
La Sedena aclaró que dichas acciones eran independientes a la investigación de la FGR, con la cual colaboraría para determinar las responsabilidades correspondientes en el orden federal.
