La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, tanto el gobierno de México como los socios de Genaro García Luna, “han avanzado sustancialmente” en un acuerdo para “profundizar el conocimiento de la trama de corrupción” que tejió el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón en administraciones pasadas.
“Las partes solicitaron a la Jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, reza el comunicado de la UIF.
Esta dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que esto no significa el fin del caso en contra de García Luna y sus socios en Miami. Todas las partes solicitaron a la jueza Lisa Walsh, del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, que conserve su jurisdicción para poder dictar una sentencia si se concreta un acuerdo legal entre ambas partes, lo cual validaría judicialmente los términos del entendimiento.
El pasado 22 de mayo, la jueza de esa Corte en Florida dictó una sentencia final en la que ordenó a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano, como reparación del daño por su implicación en contratos corruptos durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
