A casi 20 años sin sentencia, su paso por cuatro penales y dos años de reclusión domiciliaria, Brenda Quevedo Cruz pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervenir en su caso; denunció tortura, falta de atención médica y un proceso judicial marcado por graves irregularidades.
En entrevista para #AhoraMx en el informativo #MarthaOliviaAlas9, Quevedo Cruz dijo que la Presidenta tiene en sus manos la posibilidad de ayudar a corregir una de las mayores injusticias judiciales de las últimas décadas en su contra.
Quevedo Cruz fue detenida y procesada judicialmente en un caso emblemático de fabricación de culpables, tortura y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en México. Fue señalada por Isabel Miranda de Wallace de presuntamente participar en el secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace, ocurrido en el 2005.
“Yo, como mujer y ciudadana, me gustaría que se ponga un poco en mis zapatos”, pidió Quevedo a la Presidenta, quien lleva casi dos décadas enfrentando un proceso penal que continúa sin una sentencia de primera instancia y que, según organismos nacionales e internacionales, ha estado marcado por violaciones graves a sus derechos humanos, incluyendo tortura física y sexual.
“Ponte en mis zapatos”: Brenda Quevedo pide a Sheinbaum actuar con sentido humano
Durante la conversación recordó que en México, el poder Ejecutivo cuenta con la posibilidad de solicitar la preliberación de personas con prisión prolongada, una medida cuya ejecución también involucra a la Secretaría de Gobernación.
Tras pasar casi 16 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, un juez le otorgó el cambio de medida cautelar en junio de 2024 permitiéndole continuar su proceso en arraigo domiciliario, con vigilancia extrema, custodiada las 24 horas por la Guardia Nacional y obligada a portar una tobillera electrónica.
Las restricciones le impiden salir incluso para trabajar o atender diversas necesidades médicas, situación que su nueva defensa considera desproporcionada.
“Yo le haría este llamado al nuevo sistema, que pensamos que iba a funcionar mejor, que haga su trabajo”, expresó.
La mujer, actualmente de 45 años, aseguró que fue involucrada en el expediente únicamente por haber sido pareja sentimental de uno de los coacusados.
“Yo, como mujer y ciudadana, me gustaría que se ponga un poco en mis zapatos. Yo no tengo nada que ver, por ser novia de alguien me arrastraron a esta investigación, donde se han vulnerado de todas formas mis derechos”, afirmó.
También pidió que la mandataria considere las condiciones de salud que enfrenta como consecuencia de las torturas que, sostiene, sufrió durante su encarcelamiento.
“Necesito atención médica urgente, no he podido hacerme ni los estudios que necesito, y todo esto viene derivado de la tortura, son secuelas”.
La petición concluyó con una referencia al lema pronunciado por Sheinbaum al asumir la Presidencia.
“Le pido que tenga ese lado humano. Cuando la presidenta llegó al poder dijo ‘todas llegamos juntas’… que sea así”.
Casi 20 años sin sentencia
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos y posteriormente extraditada a México por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Nueva defensa y respaldo internacional
Esta semana fue presentada una nueva representación legal colectiva integrada por especialistas de CEA Justicia, la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la IBERO Puebla, la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Perteneces y la Red de Abogadas “Digna Ochoa”, bajo el nombre de Red Internacional de Solidaridad con Brenda Quevedo.
Las nuevas representantes legales informaron que ya promovieron diversos amparos para obligar al Poder Judicial a concluir un proceso que permanece estancado desde hace años y buscar la absolución de Quevedo.
Entre las acciones legales también buscan que se reconozcan las múltiples violaciones al debido proceso y las afectaciones derivadas de la tortura física y sexual que distintas instancias ya han documentado.
El precedente de Juana Hilda González
Uno de los argumentos centrales de la nueva defensa es que el criterio utilizado en junio de 2025 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ordenar la liberación de Juana Hilda González Lomelí también debería beneficiar al resto de los procesados.
La Primera Sala determinó que la confesión utilizada como base de la acusación fue obtenida mediante tortura, por lo que la sentencia de más de cuatro décadas que pesaba sobre ella fue revocada.
Para Brenda, aquella resolución representó una esperanza que hasta ahora no se ha traducido en cambios para su situación jurídica.
El sistema completo participó
Durante la entrevista en #MarthaOliviaAlas9, Brenda insistió en que el caso no puede atribuirse únicamente a la influencia que ejerció Isabel Miranda de Wallace.
“Una persona no puede tener tal alcance. Todo lo que nos ha pasado fue orquestado por ella, pero con la asistencia de un sistema completo”, sostuvo.
Añadió que la falta de respuesta de las autoridades mexicanas obligó a buscar respaldo fuera del país.
“Tuvimos que pedir ayuda internacional porque en México no nos hacían caso”.
La mujer aseguró que su experiencia evidencia las desigualdades existentes dentro del sistema de justicia.
“En México, si no tienes dinero, si no tienes los contactos, y la contraparte los tiene… ya perdiste. De todas formas, ya perdiste”.
Tortura, prisión prolongada y recomendaciones internacionales
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en 2020 que su detención fue arbitraria y pidió al Estado mexicano adoptar medidas para reparar las violaciones a sus derechos.
En 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones en las que reconoció que fue víctima de tortura, tortura sexual, violaciones al debido proceso. Dos años más tarde, emitió una segunda recomendación donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos de sus familiares.
De acuerdo con su defensa, Brenda presenta actualmente hemorragias constantes, anemia y otras secuelas derivadas de las agresiones sufridas durante su permanencia en penales como Santiaguito e Islas Marías, pero enfrenta obstáculos para recibir atención médica especializada debido a las restricciones impuestas por la prisión domiciliaria.
“Ya pagué una pena anticipada”
Brenda sostuvo que, aun cuando eventualmente obtuviera una resolución favorable, el daño ocasionado durante casi veinte años sería irreparable.
“Aunque está fuera de la ley, yo ya pagué una pena anticipada, de todos modos el daño me lo hicieron”, lamentó.
