Lo que se jugó este domingo en Colombia no fue únicamente el destino político de una nación. Lo que estuvo en juego fue también una parte esencial del rumbo de nuestra América Latina.
Más allá del resultado final de los escrutinios, que ya ha quedado tristemente definido, y de evidencias de irregularidades en el proceso electoral, hay un hecho imposible de ignorar y que debe ser reflexionado con urgencia: millones de colombianos respaldaron una opción política de extrema derecha. Ese dato debería provocar una profunda reflexión política, pues no estamos frente a un fenómeno exclusivamente colombiano, sino frente a una disputa ideológica de alcance global.
La experiencia colombiana tiene un peso simbólico especial. Durante prácticamente toda su historia republicana, Colombia estuvo gobernada por élites conservadoras y de derecha. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 representó una ruptura histórica: por primera vez, un proyecto identificado con la izquierda democrática alcanzaba el poder en uno de los países más importantes de la región.
Por primera vez en décadas parecía posible demostrar que una alternativa progresista podía llegar al poder, ejercerlo democráticamente y producir cambios sociales significativos en uno de los países históricamente más conservadores de la región. Por supuesto, ningún gobierno está exento de errores ni contradicciones. Sin embargo, resulta difícil negar que durante estos años se impulsaron medidas orientadas a la reducción de la pobreza, la ampliación de derechos, el fortalecimiento de los pueblos indígenas y de sectores históricamente excluidos, la reforma pensional y la reducción muy significativa de la deuda con el FMI, fortaleciendo la autonomía económica del país. Se trató, con todas sus limitaciones, de una experiencia que intentó colocar la justicia social en el centro de la vida pública.
La pregunta entonces es inevitable: si existen avances concretos, ¿por qué millones de personas continúan apoyando proyectos políticos que prometen una dirección opuesta?
La respuesta no puede reducirse a una sola causa. En Colombia pesan décadas de conflicto armado, una asociación persistente entre izquierda e inseguridad y poderosos dispositivos mediáticos capaces de convertir el miedo, la estigmatización, los discursos de odio y la incertidumbre en herramientas políticas eficaces.
La explicación, sin embargo, no puede agotarse en factores externos. La izquierda latinoamericana tiene también la responsabilidad de realizar una autocrítica seria.
Durante demasiado tiempo asumimos que los avances sociales serían suficientes para consolidar proyectos políticos de largo plazo. Pensamos que bastaba con mejorar las condiciones materiales de vida o ampliar derechos para garantizar continuidad. La realidad demuestra que no es así.
La nueva derecha comprendió antes que nadie que la política contemporánea también se libra en el terreno de las emociones, de las identidades y de las narrativas. Comprendió que la disputa por las ideas, los valores y las formas de interpretar la realidad es tan importante como la disputa por las políticas públicas.
También es necesario señalar errores concretos: resulta difícil comprender por qué, pese a las múltiples advertencias sobre las vulnerabilidades del sistema electoral, no se actuó con suficiente anticipación para garantizar mayores niveles de transparencia. Tampoco la respuesta progresista en redes sociales y los ecosistemas digitales estuvo a la altura del desafío. Mientras la derecha convirtió ese terreno en uno de sus principales instrumentos de movilización, hubo una subestimación del adversario.
Existe además un elemento regional que de ninguna manera debió ser ignorado. Las evidencias del injerencismo estadounidense sobre los procesos políticos de la región no son nuevas, pero han adquirido un carácter más agresivo bajo la administración Trump, hasta configurar lo que muchos describen como un Plan Cóndor II. Esta es una realidad que debería despertar a la izquierda de su letargo, pues lo que está en juego es el destino político de toda la región. Las investigaciones recientes, como el Honduras Gate, permiten observar la profundidad de estas dinámicas.
Desde mi perspectiva, una de las principales lecciones que deja Colombia es que los avances sociales, por sí solos, no garantizan la continuidad de los proyectos políticos que es urgente defender, pues constituyen la base de nuestra soberanía. Los logros alcanzados por los gobiernos progresistas pueden ser revertidos en un segundo si no logran consolidar una ciudadanía con conciencia crítica y traducirse en una narrativa capaz de disputar el relato dominante. Esa conciencia no es un elemento decorativo, sino la condición mínima para sostener cualquier transformación duradera.
Por eso, lo ocurrido debe entenderse como una señal de alerta para toda América Latina. La historia exige a las fuerzas progresistas atención, inteligencia y una esencial capacidad de autocrítica. La soberanía no se pierde de un solo golpe: se pierde pedazo a pedazo, y recuperarla puede tomar generaciones enteras.
Hoy, desde las izquierdas, es indispensable comprender que la disputa política se libra más que nunca en las grandes batallas por la hegemonía cultural, que debemos aprender a ganar.
*Cofundadora de la compañía International Actors Ensemble, dedicada a la obra de William Shakespeare. Esta compañía internacional, que reúne a 21 actores de distintos países, se ha presentado en Londres, México y Corea.
