Por Concepción Delgado Parra
La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial comenzó a subir de intensidad en las últimas semanas. Con la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), consumada por la Cámara de Diputados el pasado 17 de octubre, es probable que el antagonismo se radicalice.
Un postulado liberal del constitucionalismo se refiere a la libertad política y la división de poderes. La arquitectura del Estado Liberal de Derecho tiene su base en la inexcusable división de poderes, cuya simiente asegura a la ciudadanía su libertad política. Este principio crea el vínculo virtuoso entre “Estado de Derecho” y “Democracia”, instaurando las condiciones para frenar los excesos de abuso de poder.
Con este propósito, el sistema jurídico distribuye en tres órganos el poder del Estado: el Legislativo, representante de la voluntad general del pueblo expresada a través de las leyes; el Ejecutivo, responsable de cumplir dicha voluntad y, el Judicial, que juzga los delitos y las diferencias entre particulares.
De esta definición, tomada de Montesquieu, padre de la teoría de la separación de poderes del Estado, se derivan prácticas que deben discernirse en la disputa que hoy existe entre los Poderes de la Unión del sistema jurídico mexicano.
Una de las más importantes es la interpretación del principio constitucional de “pesos y contrapesos”, cuya finalidad consiste en que el ejercicio del poder se distribuya en diferentes cuerpos gubernativos para evitar que un poder invada esferas de competencia de otros y, así impedir la concentración de facultades en uno solo. Este fundamento no equivale a convertirse en “oposición” de un gobierno, ese papel corresponde a los partidos políticos.
En una democracia, la presencia partidista de la oposición es fundamental para limitar el poder de los gobiernos en turno y la alternativa para formar nuevos gobiernos. Por su parte, la división y el contrapeso de poderes del Estado tiene como objetivo garantizar la libertad política y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Cuando el Poder Judicial se identifica con demandas de una parte de la sociedad, degrada su posición de contrapeso en la estructura del Estado de Derecho, al convertirse en opositor de un gobierno.
Mientras tanto, la impunidad continúa siendo uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la población. Según datos obtenidos por la organización civil “Impunidad Cero”, en México no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen por la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia. Y, en el caso del 6% de los delitos denunciados, menos del 1% son resueltos.
Aunque la impunidad se manifiesta en distintos espacios del quehacer público, le corresponde al sistema judicial y sus operadores establecer las responsabilidades penales, civiles y administrativas derivadas de atentar contra la ley. Sin embargo, esto no sucede o se realiza en un porcentaje insignificante.
Ante la demanda de la ciudadanía de reestructurar el Poder Judicial para detener la impunidad y corrupción que prevalece en México, resulta una cuestión trivial la defensa de los 13 fideicomisos emprendida por el PJF.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
