La elección de personas juzgadoras, cuya campaña formal de proselitismo arrancó ayer, debe estar a la altura de las expectativas de profunda transformación depurativa que generó, y del consecuente mandato popular en urnas que tuvo como principal bandera productora de votos el llamado plan C, sustentado precisamente en una reforma judicial a fondo.
Más que el cambio de nombres y apellidos o innovaciones normativas, el proceso en curso busca que la titularidad en juzgados, magistraturas y la élite de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea decidida por voto popular, lo cual implica que los candidatos deban atenerse a su hipotética popularidad o a la que de manera súbita pudieran adquirir a lo largo de las campañas autorizadas, o, en otra hipótesis, que sean arropados e impulsados por entidades políticas con capacidad de movilización electoral.
La hipótesis del arropamiento e impulso políticos (no a través de partidos, que prohibido lo tienen, pero sí de sindicatos, agrupaciones y cuentas en redes sociales, entre otras vías) llevaría a que quienes aspiran a ser juzgadores asocien sus resoluciones futuras al compromiso derivado de las urnas y a proyectos políticos específicos.
No debe dejarse de lado el hecho de que muy probablemente será definitoria la confirmada capacidad de acción de la hegemónica corriente social identificada con el proyecto genéricamente denominado Cuarta Transformación. Tres ministras que decidieron competir en junio próximo mantienen una dinámica discursiva de abierta asociación con la Cuarta Transformación, sobre todo Lenia Batres y Loretta Ortiz, con un decaimiento en semanas recientes de Yasmín Esquivel, a quien están cobrando una extraña actitud que ha favorecido el interés del magnate Ricardo Salinas Pliego en cuanto al pago de impuestos, además de un igualmente extraño apoyo con aire retributivo en canales de televisión y voces cercanas a tal personaje.
El punto más delicado de este proceso, sin embargo, está en el terreno ya no de lo idóneo, sino de lo simplemente aceptable en cuanto a aspirantes con antecedentes negativos, no sólo en el plano de mayor análisis público, el relacionado con la Corte, sino en los demás ámbitos de juzgados y magistraturas, donde podrían colarse figuras totalmente contrarias a los propósitos de moralización y justicia.
Donald Trump ha puntualizado que no está bromeando al hablar de la posibilidad de buscar una tercera estancia en la presidencia de Estados Unidos. Lo hizo ayer al ser entrevistado por Kristen Welker para NBC News. A pesar de que la Constitución del vecino país establece que sólo son posibles dos mandatos, Trump asegura que mucha gente desea que él cumpla un tercer periodo, aunque él está centrado en el presente.
Aparte de la posibilidad de reformar la Constitución para abrirle paso, Trump ha esbozado otros métodos. Por ejemplo, que el actual vicepresidente, James David Vance, se postulara para presidente y luego le pasara la estafeta (no lo precisó, pero ha de entenderse que con Trump lo acompañaría en la fórmula). Ofende el multimillonario naranja a su actual vicepresidente al considerar que lo puede usar como títere, y al arcaico y deficiente sistema político estadunidense que, con todo y todo (incluyendo que el presidente actual sea un delincuente sentenciado), no ha llegado a osadías tramposas tan explícitas y descaradas.
Y, mientras el presidente de Estados Unidos vuelve a generar incertidumbre en la economía mexicana a causa del Día de la Liberación, el próximo 2, en que decidirá aranceles con impacto en varios países y definirá lo que a México corresponda, en un contexto tan impreciso que la presidenta Sheinbaum expresó ayer en Sonora: “¿Saben qué va a salvar a México?, que hay Cuarta Transformación y que el principio es: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, ¡hasta mañana!
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