El Departamento de Estado de Estados Unidos (según la información publicada por los involucrados) ha dado un primer paso de castigo trumpista a mandatarios morenistas relevantes.
Ya antes se había producido un aviso en abril pasado, con el presidente municipal morenista de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Fávila, envuelto en un incidente de presunto retiro de la visa estadunidense (sólo fue una revisión, aseguró Granados). Ahora ha habido una comunicación formal restrictiva para la gobernadora formalmente morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, que forma parte honoraria de su gabinete.
El golpe a Marina del Pilar y su esposo es grave. De entrada, por el significado político y mediático de un retiro de visa que, en la extendida interpretación inmediata, constituye un indicio de conductas irregulares y probables actividades financieras castigables, detectadas o asentadas en Estados Unidos. En una entidad estratégica, su representante político queda en entredicho, con minimizada capacidad de interlocución y combatividad.
El caso bajacaliforniano se inscribe en la muy difundida versión de acciones del gobierno de Trump contra políticos morenistas de diversos ámbitos (gubernamentales, legislativos, partidistas). Mucho se ha hablado del probable retiro de visas y de otras medidas coercitivas contra gobernadores.
Trump y su equipo de halcones intervencionistas mantienen en la mira al gobierno del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación (2P4T), con un amago permanente de acciones directas en suelo mexicano contra cárteles del crimen organizado. Además de provocaciones mediante aviones espías, buques de guerra y emplazamientos militares a lo largo de la frontera común, ese trumpismo blande la posibilidad de develar presuntas relaciones de complicidad manifiesta entre grupos criminales y políticos guinda. En curso están, además, las declaraciones a conveniencia de parte que darán en Estados Unidos los apalabrados hijos de El Chapo Guzmán.
Sin embargo, resulta difícil la defensa de la ahora gobernadora de Baja California. Ex diputada federal y ex presidenta municipal de su natal Mexicali (cumplirá 40 años en octubre próximo), todo a nombre de Morena, fue marcadamente impulsada por el entonces presidente del guinda, Mario Delgado, para suceder a otro morenista altamente polémico e indefendible, Jaime Bonilla Valdez.
Siendo presidenta de Mexicali se casó (2019) con Carlos Torres, de larga carrera en el Partido Acción Nacional (en su primer matrimonio, los testigos de honor de él fueron Felipe Calderón y Margarita Zavala), bajo cuyas siglas fue diputado local y federal, y funcionario gubernamental. En el mismo 2019, Torres fue expulsado del PAN, con seis diputados blanquiazules más, por apoyar a Bonilla Valdez en su intento de prolongar sin elecciones su periodo gubernamental, de dos a cinco años.
Torres ha sido señalado con insistencia como operador financiero a nombre del gobierno de su esposa, quien lo nombró coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos, un cargo honorario pero absolutamente propicio para aprovechamiento corrupto de información gubernamental en proyectos con inversión pública y privada. Actualmente se promueven, por parte de ciudadanos inconformes, dos plebiscitos contra proyectos constructivos que se consideran lesivos.
Las acusaciones internas, en sus estados, contra una gobernadora fronteriza y probablemente otros, deberían procesarse en el fuero nacional, sin impacto externo, pero en el contexto del belicismo de Trump contra México le suministran pretextos, alientan a la oposición interna y generan más incertidumbre.
En el fondo, lo de Marina del Pilar y su esposo, como de otros políticos similares, es un ejemplo de la falsificación de triunfos electorales de Morena a costa de sus principios (pragmatismo aritmético y metálico por encima de todo) y del subsecuente ejercicio oscuro y abusivo del poder gubernamental adquirido de forma adulterada. ¡Hasta mañana!
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