La reforma judicial, que implica nuevos juzgadores y nuevos criterios ejecutivos, y la expresa voluntad de la presidenta Sheinbaum de que los deudores fiscales deben hacer inequívocamente sus correspondientes pagos, han llevado a Ricardo Salinas Pliego a acelerar su paso de empresario a político, al mandar al diablo las instituciones que no le favorecen, usar un lenguaje de descalificación contra los poderes Judicial y Ejecutivo y utilizar los medios de comunicación de su propiedad para campañas en defensa de sus intereses personales, no del interés de la nación.
La fuga hacia adelante de Salinas Pliego tiene de referente inequívoco la muy amplia probabilidad de que le sean cobrados 74 mil millones de pesos de adeudos e intereses que durante largos años ha evitado pagar mediante estrategias legales dilatorias, siempre en espera de arreglos con el Poder Ejecutivo en turno, al grado de que con el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en tratos amistosos para cubrir solamente 14 mil millones de pesos y dar por cerrado el caso, lo cual finalmente no se logró.
El ostentoso multimillonario ha ido construyendo una coartada político-ideológica en redes sociales, donde se presenta como un supuesto enemigo a muerte de los gobiernícolas, cuando su imperio económico se ha fundado en los favores políticos y económicos de gobernantes y políticos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el propio López Obrador.
En ese camino ha llegado en estos días al señalamiento del morenismo como ratas, a tachar a la presidenta Sheinbaum de mentir y al abanico 4T como mafia política. La defensa de sus intereses económicos la hace desde canales de televisión abierta que son concesionados por el Estado mexicano, Televisión Azteca y ADN 40. Y entre sus objetivos está la conjunción de corrientes y personajes de oposición a la 4T para enfrentarla electoralmente en la competencia intermedia de 2027 y en la presidencial de 2030.
En un documental referido al proyecto de construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco, sus incidentes y cancelación, Enrique Peña Nieto, exocupante de Los Pinos, confrontó las versiones manejadas en el sexenio recién pasado: se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción.
Recuérdese que el político priísta de bien peinado copete tuvo durante la administración obradorista un extraordinario trato positivo, con virtual exoneración oficial, al grado de anteponer el seudonobiliario título de licenciado en las mañaneras al mencionarlo, además de elevarlo a los altares cívicos al llamarlo demócrata porque no hizo fraude electoral en 2018 (como había hecho en 2012: las brigadas mexiquenses de promoción electoral como doctorales ejercicios de mapachería llevada a todo el país).
Y, desde luego, la absoluta impunidad, contrastante con el cotidiano discurso tabasqueño de denuncia de extrema corrupción, amén de la incorporación de priístas de esa corriente a cargos de gobierno y candidaturas varias, tanto en ese sexenio andresista como en la continuidad claudista. Por lo pronto, restriega la inexistencia de pruebas, acreditaciones o indicios de corrupción en el abortado proyecto aeroportuario.
Las palabras de Peña Nieto están consignadas en el documental y tres libros denominados Texcoco, la decisión del presidente (https://goo.su/IP7Ls8W), un trabajo a cargo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, fundado en 2005 por Amparo Espinosa Rugarcía, hija de Manuel Espinosa Yglesias, el emblemático banquero que fue principal accionista y director general de Bancomer durante 25 años, hasta 1982, en que el presidente José López Portillo declaró nacionalizado el sistema bancario mexicano. ¡Hasta mañana!
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