Por *Concepción Delgado Parra:
El conflicto entre adversarios permite conocer la identidad de los contendientes y revela los intereses que representan.
El intercambio de mensajes por WhatsApp entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el presidente del Senado de la República, que se hizo público la semana pasada, profundizó el debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a ministros, jueces y magistrados del poder judicial al método democrático de elección popular.
La confrontación política entre los Poderes de la Unión forma parte del escenario democrático. El conflicto entre adversarios permite conocer la identidad de los contendientes y revela los intereses que representan. Información útil para crear una opinión crítica con respecto a las causas que defienden los agentes políticos involucrados.
Decisiones controversiales del poder judicial, como la suspensión con efectos generales en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente de la República, se suman a resoluciones tomadas con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la SCJN.
El mismo día que la Corte de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna de vínculos con el narcotráfico, un juez federal en México descongeló las cuentas a su esposa. Tiempo después, se otorgaron amparos a José Luis Abarca, uno de los responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y al “Güero Palma”, cofundador con el Chapo Guzmán del cartel de Sinaloa.
El pasado lunes 8 de mayo, la SCJN declaró inválida la primera parte del “plan B” de la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
Ciertamente, el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial ha ido en aumento. En la última sesión del pleno de la SCJN, celebrada el jueves 18 de mayo, la Corte declaró inconstitucional el decreto presidencial con el que se clasificó de interés público y seguridad nacional los proyectos estratégicos de infraestructura prioritarios impulsados por el gobierno de la 4T. Horas más tarde, el ejecutivo respondió con un nuevo decreto.
Las permanentes controversias entre el poder ejecutivo, judicial y legislativo representan el ejercicio de la división de poderes en México. La pluralidad es el principio democrático por excelencia, entendida como igualdad y diferencia.
Aunque resulte paradójico, el conflicto entre los Poderes de la Unión salvaguarda a la ciudadanía de la imposición de un solo punto de vista y abre el espacio a la deliberación pública. Mediante la confrontación de diversos argumentos es posible adoptar la decisión más conveniente, aun cuando no cumpla las expectativas de muchos.
Sin embargo, el equilibrio y la división de poderes corre el riesgo de resquebrajarse cuando alguno se alinea a los intereses de una élite política o económica. De ahí, la importancia de tratar los asuntos políticos públicamente, nunca en privado: “la verdad es pública o no lo es”.
Instituciones, normas y actores públicos no son entes asépticos. Siempre están expuestos a poderes facciosos dispuestos a cooptarlos y adueñarse de su legitimidad.
*Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
