Desde hace una década, las autoridades de la Ciudad de México crearon un nuevo tipo de desalojo extrajudicial, que usa al delito de despojo para hacer expulsiones express sin tener que conseguir una orden judicial (y por lo tanto, sin control externo) al convertir pleitos de vivienda que se dirimían en la justicia civil, en acusaciones penales con amenaza de cárcel.
Estas modificaciones administrativas y el método que ellas crearon, no fueron discutidas en ningún ámbito legislativo, ya que obedecen a una serie de cambios internos de la entonces Procuraduría General de Justicia que, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, concentró todas las carpetas de investigación por despojo en una oficina en el búnker capitalino, que creó el método que aún se aplica.
Desde la Cooperativa de periodismo bautizamos a este mecanismo como “la Fiscalía del despojo” para dar cuenta de algo inédito que hallamos en la investigación periodística a partir de la cobertura en calle y el seguimiento de casos: la existencia de un avance represivo feroz, usado para cambiar de manos diversos predios con tenencias precarias en las zonas centrales, que logró intervenir policialmente cientos de edificios tras acusar falsamente a sus habitantes de un delito que no cometieron, el despojo.
Según nuestra base de datos, que alberga la información y análisis cosechados en la cobertura de casos de desalojo durante los últimos 10 años, señalamos que aproximadamente el 30 por ciento de las expulsiones arbitrarias que registramos desde el año 2016, -cuando se creó este mecanismo- fueron este nuevo tipo de desalojos extrajudiciales, que tienen la particularidad de expulsar a la gente sin sus pertenencias, que quedan aseguradas dentro del edificio.
Esto fue lo que ocurrió en el más reciente caso del mecanismo, ocurrido en la Avenida Cuauhtémoc 508, en la colonia Narvarte oriente de la Ciudad de México, donde unas 15 familias amanecieron con los golpes en la puerta que anunciaban su desalojo, en las primeras horas de la mañana del miércoles 29 de abril de 2026.
Los ejecutores de la expulsión fueron policías de investigación, judiciales, mientras que cerca de 200 granaderos montaron el cerco alrededor del edificio para “resguardar” el aseguramiento. Como es común en estos casos, no hubo aviso previo a los vecinos ni ningún tipo de documento les fue enseñado o brindado copias, para explicar qué es lo que la autoridad estaba haciendo con ellos. Por eso, la confusión fue lo primero en reinar entre las familias afectadas, en su mayoría mujeres.
“Yo fui a la primera que sacaron”, explicó Silvia Natalia, una de las mujeres jóvenes que fueron expulsadas de su hogar en este operativo, en entrevista para este reportaje. “Fue espantosa la manera porque estábamos dormidos, nos tumbaron la puerta y nos dijeron que teníamos 10 minutos, después nos dijeron que teníamos cinco minutos y que agarráramos lo que se pudiera y pues ya, eso fue todo. No nos dieron ninguna explicación más que teníamos que desalojar el edificio”, explicó.
Mientras las familias entendían qué hacer y cómo defenderse una vez que los funcionarios terminaron de poner sellos de aseguramiento en las entradas y se fueron, al llegar la noche tomaron una decisión radical: montaron un campamento en la banqueta, junto a la entrada del edificio, para observar que nadie se meta a sus casas mientras ellos no están.
El aseguramiento y la respuesta
Fue difícil entablar el diálogo con las vecinas debido a la criminalización mediática que habían sufrido en la mañana. Así, claramente, nos los dijo una de ellas: ya nos exhibieron en el desalojo, ahora no queremos hablar con nadie. Los reporteros que llegaron en la mañana cometieron el error de difundir una información falsa -que sólo puede ser oficial- que sostenía que existe una orden judicial para la fuerza, buscando dar al operativo un aura de legitimidad que no tiene.
“Entraron policías de investigación, decía PDI en sus chalecos. Estaban fuertemente armados, con sus rifles de asalto y las armas desenfundadas, eso sí lo vi, literal”, explicó Memo, otro de los vecinos que brindó su testimonio a la Cooperativa de periodismo el día de su expulsión. Sostiene que no fue agredido física ni verbalmente, pero que de todos modos, tampoco le dieron explicaciones.
“Escuché bastante ruido y me asomé a una ventana del interior, y me di cuenta que ya estaba la policía adentro. Llegó el momento en que me tocaron mi puerta, yo abrí y me dijeron que era un desalojo pero en ningún momento vi un documento que lo probara. Solamente me dijeron que tenía 10 minutos para sacar mis papeles importantes. Una vez que salí, ya no me dejaron regresar”, explicó.
Según la información recabada por esta cronista, la carpeta de investigación lleva cinco años abierta, sin que ninguno de los vecinos supiera al respecto, a pesar de haber habitado el sitio durante este mismo plazo. Hasta el momento, no saben qué fue lo que causó su expulsión. Sólo se les dijo que debían esperar para poder ir a reclamar que se les permita, uno a uno, retirar sus cosas, una vez que presenten ante la Fiscalía una solicitud por escrito.
Según los casos que hemos reporteado anteriormente, la retención de las pertenencias de la gente expulsada es una forma de presión que la Fiscalía ejerce contra las familias afectadas, ya que condiciona para su entrega, que desistan de la posesión que tenían de sus espacios. Es decir: para recuperar sus pertenencias, las familias deben asumir que ya no tienen derecho a permanecer allí, ni posibilidad de pelear por ello. Esto no se les explicó el día del aseguramiento.
Otra de las vecinas afectada, una madre de 34 años, explicó a la Cooperativa de periodismo que ese día reinaba el caos y el desasosiego ante la expulsión violenta y sin explicaciones: “había niños, personas de la tercera edad, hasta los perritos que tenemos como mascotas, los empujaron para sacarlos”, contó con dolor.
“Queremos que se dejen de inventar carpetas de investigación que no son siquiera coherentes. Creo que esto hace este gobierno: a las personas que trabajamos y buscamos día a día de vivir dignamente, se nos violenta de forma muy agresiva, pero si se trata de un feminicida, como reclamó esta familia ante un edificio en Revolución por la desaparición de su hija, ahí no llegan 200 granaderos para romper las chapas y entrar al edificio”, detalló la afectada, señalando la evidente asimetría de poder y fuerza pública con que la Fiscalía de la Ciudad de México, prioriza su acción o dilación, ante uno y otro caso.
Las familias dijeron con firmeza que van a seguir ahí, que no se van a mover del edificio del que fueron despojadas y donde montaron un campamento para poder cubrirse de la intemperie durante la noche. Juntas, compartieron una cena y platicando buscaban cómo defenderse, sin que ninguna autoridad haya aparecido luego de que se fueran las que ejecutaron su expulsión.
“No tengo prácticamente más que la ropa que traigo puesta”, explicó una vecina, madre de un pequeño de 7 años, a la Cooperativa; “No tengo dónde vivir, no tengo dónde llegar. Buscar un albergue o un refugio es lo que nos va a tocar ahorita, pero ahora con los compañeros nos estamos organizando para estar aquí afuera, resguardando el edificio”, concluyó.
