Por *Concepción Delgado Parra
El pasado lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la primera parte del “plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con 9 votos a favor y 2 en contra, los ministros concluyeron que la fracción mayoritaria del Congreso de la Unión, representada por Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, incurrió en graves violaciones al debido proceso legislativo al aprobar las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas del “Plan B”, promulgadas el 27 de diciembre de 2022.
Paradójicamente, la resolución de la SCJN que frena el avance del proyecto de la 4T, según declaraciones de los opositores al actual gobierno, pone en marcha la estrategia del “Plan C” para dar continuidad al proyecto político, social y económico de Andrés Manuel López Obrador.
En este marco, el “Plan C” podría interpretarse en clave de lucha electoral camino al 2024. Introduce una serie de cuestiones específicas que anteriormente no habían sido sometidas a juicio de los votantes en una elección.
La decisión de optar en favor o en contra de la corrupción, terminar con el clasismo, la discriminación y el racismo, mantener la pensión universal de adultos mayores. Y, particularmente, realizar modificaciones a la Constitución para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el voto directo.
En esta dinámica, el “Plan C” define un conjunto de problemas a resolver que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, considera estratégicos para dar contenido al programa de campaña política electoral de quienes aspiran a representar la continuidad de su gobierno.
La propuesta que el ejecutivo lanza a la ciudadanía de alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de diputados y senadores en las elecciones de 2024, dirigida a concretar la transformación del poder judicial, implica un enorme reto y una importante confianza en el liderazgo del presidente y del movimiento que representa.
Un nuevo reclamo surge entre los adversarios de la 4T por las acciones emprendidas por Andrés Manuel López Obrador con el “Plan C”, ¿es válido que el presidente de la República promueva un programa de campaña electoral de 2024?
Algunos señalan que la intervención del ejecutivo en este terreno contraviene la competencia justa en el marco del proceso electoral. Otros consideran que es legítimo que el gobierno en turno ofrezca argumentos e información a la población sobre la solución de problemas que limitan el avance democrático y promueven la concientización política.
El presidente ha sido muy cuidadoso al respecto, no está llamando a votar por un partido político, sino a establecer las bases para construir un nuevo proyecto de nación. En este sentido, la ciudadanía tendrá la última palabra en 2024.
*Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
