Por: Joel Balderas
En México, el nepotismo es una práctica tan común que muchos ciudadanos ya lo vemos de manera normal. En términos simples, el nepotismo es básicamente el favoritismo hacia familiares en la asignación de cargos públicos, casi siempre de manera independiente a sus méritos o capacidades. Es un vicio político que, aunque no exclusivo de nuestro país, aquí ha echado raíces profundas.
Es tan común que basta mirar la estructura de poder en varios Estados y municipios de México para notar cómo una misma familia gobierna o ha gobernado por generaciones. Hijos y hermanos que suceden gubernaturas, esposas que toman la estafeta de sus maridos en alcaldías y senadores o diputados que heredan sus curules como si fueran bienes familiares. Esto ha convertido a la política en un negocio familiar, donde el apellido pesa más que la capacidad y el compromiso con la sociedad. ¿Y la democracia?
El nepotismo tiene consecuencias dañinas para la democracia. En primer lugar, reduce la competencia política, pues los espacios de poder están siempre destinados solo para unos cuantos, impidiendo la llegada de nuevas voces y liderazgos. En segundo lugar, fomenta la corrupción, ya que los cargos públicos se vuelven moneda de cambio para favorecer a familiares, en lugar de ser herramientas para mejorar la vida de los ciudadanos. Y, en tercer lugar, genera desconfianza en la población, desmotivando la participación electoral. Si la gente percibe que las elecciones son solo un trámite para legitimar el control de los mismos grupos de siempre, el abstencionismo crece y la democracia se debilita aún más.
A diferencia de México, en varios países más desarrollados el nepotismo está estrictamente prohibido y sancionado desde hace muchos años, un buen ejemplo es Francia, donde las leyes anticorrupción establecen restricciones explícitas para evitar la contratación de familiares en el sector público. En 2017, el entonces candidato presidencial François Fillon se vio envuelto en un escándalo por haber empleado a su esposa en un puesto público, lo que derivó en su imputación y un fuerte impacto en su carrera política. Este caso demuestra cómo la legislación y la presión ciudadana pueden frenar este tipo de abusos y mantener la transparencia en el gobierno, cosa poco vista por ahora en la República Mexicana.
Romper con estas prácticas es una necesidad urgente. Se requieren reformas legales que impidan la concentración del poder en clanes familiares y mecanismos de transparencia que expongan los conflictos de interés. Pero, sobre todo, es fundamental que la ciudadanía exija cuentas y deje de premiar con su voto a quienes ven el servicio público como una herencia familiar y no como una responsabilidad.
Recientemente, la presidenta de México Claudia Sheinbaum propuso una ley contra el nepotismo con el objetivo de frenar la designación de familiares en cargos públicos y fortalecer la transparencia gubernamental. Sin embargo, un partido político frenó la iniciativa con el argumento de que afectaría la autonomía de los estados y municipios, ¿qué intereses hay detrás?, ya lo conoceremos en las intermedias del 2027.
Cuando el poder se distribuye de manera justa la democracia es fuerte y equitativa dándole oportunidad a quienes realmente buscan el beneficio colectivo. El nepotismo aumenta las desigualdades, y también daña la confianza en las instituciones.
Es momento de que la gente exija gobiernos por mérito y no por apellido.
Nos leemos la próxima.
