La industria del entretenimiento en México, y en particular el Grupo Eco, dirigido por Diego Jiménez Labora, han sido colocados bajo la lupa luego de la muerte de dos jóvenes fotógrafos, Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, a causa de la caída de una estructura metálica durante un festival musical denominado AXE Ceremonia.
Los jóvenes fotógrafos, parte de la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, cubrían el festival a nombre del medio Mr. Indie. Las autoridades de la Ciudad de México (Morena) y de la alcaldía Miguel Hidalgo (PAN), decidieron cancelar la segunda jornada (domingo) de la programación, aunque el día de los hechos (sábado) se mantuvo el espectáculo sin siquiera mencionar la muerte de dos personas en circunstancias que, según las primeras observaciones, muestran negligencia criminal de parte de los organizadores quienes, a decir de las autoridades, a última hora y sin respetar normas de protección civil colocaron una grúa o plataforma elevadora de tijera, en condiciones inestables y con un motivo decorativo en la parte superior que al venirse abajo causó dos muertes.
En los momentos críticos hubo la pretensión de impedir que periodistas pudieran tomar fotografías y videos de los hechos. Hay testimonios de personal de seguridad ordenando borrar videos e impidiendo por la fuerza que se documentara lo sucedido. Hubo otras irregularidades relacionadas con el traslado de los fotorreporteros a un hospital.
No es la primera ocasión en que suceden hechos preocupantes en actividades organizadas por el citado Grupo Eco, cuyo director antes mencionado, Diego Jiménez Labora, forma parte de un grupo de familiares y amigos que han recibido contratos de anteriores administraciones gubernamentales en condiciones favorables.
Es de esperarse que la investigación de lo sucedido en el citado festival y la fijación de responsabilidades no se convierta en una pelea de banderas partidistas. También es una oportunidad más de revisar a fondo el funcionamiento en general de una industria, la del entretenimiento en México, caracterizada por abusos como los relacionados con la venta concesionada de boletos y las condiciones de instalaciones y estructuras, entre otros puntos. Mientras tanto, hoy a las 2 de la tarde, frente al edificio A4 de la FES-Aragón, se realizará un homenaje a los fotorreporteros fallecidos y una colecta de fondos para apoyar a sus familias.
En Guadalajara se produjo ayer una manifestación de familiares de desaparecidos y personas y organizaciones solidarias. A pesar de la difusión y preocupación que en su momento generó el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, las desapariciones forzadas no han disminuido en la entidad.
La relevancia y persistencia del tema ha llegado incluso al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, donde se ha iniciado un procedimiento que por principio de cuentas pide información a México para valorar la gravedad de los hechos y, en un caso extremo, presentar el caso, con etiqueta de urgente, al seno de la Asamblea General de la ONU.
En continuidad de lo que ha sido su postura, alineada con los poderes gubernamentales en turno, la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, hizo saber que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”. La CNDH rechazó que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado. Desapariciones, por cierto, estimadas en 120 mil, con 15 mil de ellas correspondientes a Jalisco, donde ayer la CNDH inauguró una oficina regional. ¡Hasta mañana!
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