La presidenta de México eligió un tono menor, tirando a elusivo, ante el reciente señalamiento mediático desde Israel contra Enrique Peña Nieto, el ex ocupante de Los Pinos a quien hasta hace pocos años la izquierda electoral acusaba de muchos de los graves daños que el erario federal y la nación en general han sufrido.
En su conferencia matutina de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dio continuidad al tratamiento respetuoso, incluso elogioso, que el entonces presidente López Obrador otorgó a Peña Nieto, al grado de citarlo anteponiendo el distintivo supuestamente elogioso de “licenciado” y llamarlo “demócrata” (igual que a otro impresentable, Alfredo del Mazo Maza) por no haber hecho fraude electoral y dar vía libre a las candidaturas guinda (la presidencial en 2018, y la mexiquense en 2023).
Sin entrar a fondo, muy distante de la oratoria combativa utilizada en otros casos y respecto a otros personajes detectados en las sucias marquesinas de la corrupción nacional, la etapa “neoliberal” y lo “moralmente derrotado”, Sheinbaum respondió a una pregunta sobre las revelaciones periodísticas que señalan a Peña Nieto como presunto beneficiario de un pago de 25 millones de dólares por contratar el servicio de espionaje Pegasus: “Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no?”.
Luego hizo un recuento de lo sucedido, o al menos de lo publicado en el diario israelí The Marker, especializado en asuntos económicos y perteneciente al Grupo Haaretz, que entre otras publicaciones tiene un influyente diario de línea editorial señalada, en su contexto, de izquierdista (www.themarker.com). Así cerró la mandataria: “Pero, bueno, ya el ex presidente Peña Nieto dijo que ‘no, que no es así’. Entonces, bueno, ahí está el tema” (goo.su/zWIvAh).
El tema que ahí está es el relacionado con la falta de acciones justicieras contra mandatarios que en su momento cedieron el paso electoral a Morena a cambio de impunidad que se mantiene con rigor absoluto. Peña Nieto, desde luego, es el ejemplo mayor, ostentosamente intocable.
Pero también están las derivaciones estatales, con gobernadores y gobernadoras “de oposición” enviados a cargos diplomáticos (embajadas y consulados), o habilitados al vapor como nuevos morenistas premiados con cargos legislativos plurinominales, o incluso mandatarios con la propia casaca guinda que son reacomodados en posiciones del gobierno federal, como mensaje a los sucesores de que no deben tocar judicialmente a esos “demócratas” o a esos morenistas corruptos, pues ya fueron amparados por el poder federal y mal se vería, y sería susceptible de castigos, el avanzar en investigaciones y procesos contra quienes fueron protegidos por arreglos electorales.
El activista ambiental Renato Romero no pudo ser sujeto a proceso judicial, como pretendían la muy turbia empresa Concesiones Integrales, operadora de la marca Agua Puebla para Todos, y la corriente política dominante, con el gobernador Alejandro Armenta de promotor de la titular de la fiscalía del estado, Idamis Pastor Betancourt, quien ayer mismo procedió a impugnar la liberación sin condiciones de Romero.
Aunque Agua Puebla para Todos mantiene vigente la posibilidad de que haya más acciones judiciales contra otros de sus acusados, puede considerarse que es la principal perdedora, pues quedó exhibido el enorme daño que al erario poblano ha causado el superventajoso negocio asignado por el panista Rafael Moreno Valle, ya difunto, a miembros de la familia Hank Rhon. Un auténtico saqueo, con complicidades entre élites, incluyendo la del morenismo-marinismo del citado Armenta.
Y, mientras el ejemplo abnegado de pacifismo gazatí, Benjamin Netanyahu, ha propuesto a otro ejemplo de equilibrio emocional y prudencia en el decir y el hacer como gobernante, San Donald Trump, para recibir el Premio Nobel de la Paz, ¡hasta mañana!
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