La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Taide Garza Guerra, reconoció que el 60 por ciento de las recomendaciones emitidas, no logró un cumplimiento total por parte de las autoridades señaladas, por lo que dijo, “hay que trabajar en recuperar la confianza ciudadana”.
Estimó que solo el 40 por ciento de las recomendaciones emitidas alcanzaron en el último año un cumplimiento total, mientras que el 60 por ciento restante se mantiene en cumplimiento parcial.
“Esto se debe principalmente por dilaciones en los procesos, fallas en la procuración de justicia y deficiencias en la atención a víctimas”, precisó Garza Guerra.
Puntualizó que los motivos más recurrentes tienen que ver con la dilación, tanto en la procuración como en la administración de justicia, y con la atención que se brinda a las personas víctimas.
Reconoció también, que existen denuncias por dilación en la atención de expedientes, algunos de los cuales quedaron prácticamente varados en administraciones anteriores. Ante esta situación, se giró un oficio al Supremo Tribunal de Justicia solicitando apoyo para dar salida a los casos pendientes, especialmente aquellos que requieren atención urgente.
Garza Guerra destacó la disposición de la magistrada presidenta Tania Contreras López y de su equipo para colaborar en la resolución de estos expedientes.
“La coordinación con el Poder Judicial es fundamental para que las denuncias no se conviertan en trámites interminables y para que las víctimas reciban respuestas oportunas.”
Los asuntos más sensibles, puntualizó, corresponden al ámbito familiar y a la protección de niñas, niños y adolescentes.
En estos casos, la dilación no solo representa un problema administrativo, sino un riesgo directo para la integridad y bienestar de los menores. Por ello, la Comisión insiste en que la justicia debe ser ágil y cercana a quienes más la necesitan.
La presidenta de la CODHET, subrayó que la modernización administrativa y la atención a expedientes rezagados son pasos necesarios para recuperar la confianza ciudadana en la Comisión de Derechos Humanos.
“La institución debe ser un puente eficaz entre la sociedad y la justicia, y no un archivo de casos olvidados”, concluyó.
