La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó a través de redes sociales que comenzó el éxodo de retorno a sus comunidades para familias desplazadas por el crimen organizado de comunidades de Chilapa de Álvarez, Guerrero. La misma información fue difundida por la Guardia Nacional de cuya dependencia elementos acompañaron dicho regreso.
Con apoyo del @GobiernoMX, las familias desplazadas en #Chilapa, #Guerrero, comienzan el retorno a sus comunidades. 🇲🇽 @Claudiashein @Defensamx1 @SEGOB_mx @Gob_Guerrero @EvelynSalgadoP @CEAVmex pic.twitter.com/fMYtqQif95
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 14, 2026
Al mismo tiempo, el Gobierno de Guerrero, a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó del retorno sin precisar el número exacto de las familias desplazadas que regresan en camionetas tipo urvans a sus comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
El funcionario estatal destacó que elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal realizaron recorridos preventivos en las comunidades y constataron que las viviendas, escuelas y centros de salud no presentan daños ni afectaciones por hechos violentos.
Información oficial que contrasta con lo documentado por periodistas a través de fotografías y textos en el que se informa sobre las afectaciones que provocaron las bombas lanzadas desde drones causando explosiones y el incendio de decenas de viviendas en las comunidades, que quedaron reducidas a cenizas, ataques que más tarde se extendieron al poblado de Acahuehutepec y Alcozacán, donde el crimen organizado cortó la electricidad el domingo por la noche.
Además se registraron incendios forestales debido a los ataques armados que consumieron cientos de hectáreas de bosque de pino y cosechas de maíz.
En las tres comunidades las casas quemadas aún humeaban para la mañana del miércoles, en los pastizales se observaron animales muertos como caballos, otros fueron abandonados en el encierro o deambularon en el monte.
Junto con las viviendas fueron quemadas todas las pertenencias y bodegas de maíz, enseres domésticos, sin que los desplazados tengan a donde retornar, en caso de que se les garantizara la seguridad.
Otra información que contrasta con es el número de desplazados porque mientras el gobierno de México contabilizó 96 familias, Jesús Plácido Valerio, vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), informó que son mil 345 familias desplazadas, de las cuales 200 familias decidieron no regresar a sus comunidades de origen Tula y Xicotlán por temor a que continúen estos ataques armados en tanto deciden su futuro.
