Si México es una nación periférica, como lo plantea la teoría de la dependencia, una de las figuras más poderosas en la historia política de nuestro país ha sido, con frecuencia, el embajador de Estados Unidos. Desde el siglo XIX, cuando la joven república mexicana enfrentaba invasiones, pérdida territorial, presiones diplomáticas y reacomodos internos de poder, la representación estadounidense en México ha desempeñado un papel central en la definición de los márgenes de nuestra soberanía. Esa influencia continuó durante el Porfiriato, la Revolución, la etapa posrevolucionaria, la Guerra Fría, el neoliberalismo y la actual era de la militarización, la reciente migración masiva y la política antidrogas.
Estudiar, desde la periferia, el papel de cada uno de estos embajadores es una tarea fascinante y todavía incompleta. Su poder rara vez se ejerce de manera abierta. Opera muchas veces en las sombras, en reuniones privadas, mensajes diplomáticos, presiones económicas, acuerdos de seguridad y contactos directos con la prensa internacional y las élites mexicanas. En esa ruta discreta, la embajada se convierte en una vía privilegiada de comunicación entre el centro y la periferia.
Uno de esos personajes es Ken Salazar, exsenador por Colorado, exsecretario del Interior durante el gobierno de Barack Obama y embajador de Estados Unidos en México entre 2021 y 2025. Ahora publica sus memorias, Borderlands: My Fight for an Inclusive America, editado por BenBella Books y previsto para el 28 de julio de 2026. El libro, de acuerdo con la información editorial disponible, aborda su historia personal, la relación México-Estados Unidos, la frontera, la migración y su defensa de una América más incluyente.
Habrá que leerlo con cuidado. Sorprende un poco que el llamado “embajador del sombrero” presente su trayectoria como una lucha por una América inclusiva. Me interesa saber cómo construye ese argumento alguien que ocupó algunos de los espacios más altos del poder estadounidense y que, desde México, representó los intereses de la principal potencia hemisférica y algunos de sus grandes capitales. Lo leeré con interés, pero también con escepticismo. Me pregunto si se trata de un ejercicio de memoria, de una búsqueda de trascendencia política o de una pieza más en la narrativa imperial de la política de drogas.
Los adelantos del libro señalan que Salazar recorre su infancia en Colorado, sus raíces mexicanas, su paso por Washington y su experiencia como embajador en México. También presenta su visión sobre la frontera, la migración y la necesidad de una América más unida. Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue otro: su referencia a un empresario cercano a Andrés Manuel López Obrador, a quien identifica únicamente como “El Susurrador”, quien le habría dicho en agosto de 2024 que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada tenía muy preocupado al entonces presidente mexicano.
La anécdota, tomada así, parece apenas un rumor: un susurro anónimo convertido en memoria diplomática. No constituye prueba de nada. Pero lo relevante no es solamente si esa conversación ocurrió en los términos narrados por Salazar, sino el contexto en que aparece y los efectos políticos que puede producir. En la era del espectáculo, de la polarización y del narcoterrorismo decretado desde Washington, una insinuación puede convertirse rápidamente en herramienta de presión.
La preocupación no es menor. Si el testimonio de “El Mayo” Zambada llegara a ser utilizado para vincular directamente a López Obrador con el crimen organizado, el impacto político sería enorme. Los casos de Genaro García Luna o del general Salvador Cienfuegos quedarían cortos frente a una narrativa que buscaría presentar al expresidente más popular de las últimas décadas no sólo como un dirigente tolerante con el narco, sino como parte de una estructura criminal. México sería colocado, entonces, en el terreno más peligroso: el del narcoestado asociado al terrorismo.
Por eso es indispensable actuar con seriedad. No se trata de defender a López Obrador ni de negar la corrupción, la impunidad o los pactos oscuros que han atravesado a todos los gobiernos mexicanos. Se trata de entender cómo opera la política antidrogas de Estados Unidos y cómo esa política ha servido, durante décadas, para ampliar capacidades de intervención, inteligencia y control territorial en América Latina. Republicanos y demócratas cambian el tono, pero no necesariamente la lógica. La guerra contra las drogas ha sido una política de Estado.
También es fundamental entender el sistema estadounidense de testigos cooperantes y protegidos. Criminales confesos pueden ofrecer información a cambio de beneficios judiciales. Esa información puede ser valiosa, pero también interesada, incompleta o funcional a determinados objetivos políticos o geopolíticos. Por eso debe analizarse con rigor, no con entusiasmo faccioso ni con ingenuidad.
El caso de “El Mayo” Zambada, por las extrañas condiciones de su llegada a territorio estadounidense en julio de 2024, debe leerse dentro de una trama más amplia. No se trata únicamente de drogas ni de narcotraficantes. Se trata de soberanía, territorio, recursos estratégicos, seguridad hemisférica y reconfiguración del poder en América del Norte.
Hoy, figuras como Marco Rubio, Christopher Landau y Ronald Johnson parecen representar una nueva etapa de esa estrategia. Pero sería un error colocar toda la responsabilidad en Washington. La corrupción de las élites mexicanas, la impunidad, la polarización, la subordinación de amplios sectores políticos y económicos a intereses externos y la incapacidad de construir un verdadero proyecto nacional entregan a Estados Unidos los argumentos en bandeja de plata. La intervención externa siempre encuentra terreno fértil cuando las instituciones internas se debilitan y la clase política privilegia sus intereses particulares sobre los nacionales.
Por eso habrá que leer el libro de Salazar y discutirlo con cuidado. También sería deseable que nuestros historiadores emprendieran un estudio sistemático sobre el papel de los embajadores estadounidenses en México durante el siglo XXI: Jeffrey Davidow, Antonio O. Garza, Carlos Pascual, Earl Anthony Wayne, Roberta Jacobson, Christopher Landau, Ken Salazar y Ronald Johnson. Analizar sus trayectorias, sus redes de influencia y sus vínculos con los principales grupos de interés en Washington permitiría comprender mucho mejor la historia contemporánea de México.
Tal vez el verdadero problema no sea lo que un embajador escribe en sus memorias ni lo que un narcotraficante pueda declarar ante una corte estadounidense. El problema es que, más de doscientos años después de nuestra independencia, seguimos discutiendo el destino de México a partir de los mensajes que llegan desde Washington. Mientras no construyamos instituciones sólidas, una clase política capaz de rendir cuentas y un proyecto nacional que coloque el interés público por encima de las facciones, siempre habrá espacio para que otros definan nuestra historia. Quizá por eso vale la pena estudiar a los embajadores estadounidenses con la misma atención con la que estudiamos a nuestros presidentes: porque muchas veces, desde la discreción de una residencia diplomática, se escriben capítulos decisivos de la vida política mexicana y se revelan los intereses de los grandes capitales y de las estructuras de poder que, desde el centro del sistema internacional, siguen condicionando el destino de la periferia.
