El 30 de junio de 2025, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo dijo ante los medios que ella no estaba “para defender ni a personas, ni contratos, ni empresas”. Lo dijo en referencia a Daniel Esquenazi Beraha y a la casa en la que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo vivió en Texas. Momentos antes, sin embargo, había afirmado que “nuestro gobierno, ni los pasados ni este, tienen contratos con esta persona que se comenta”. En esas dos declaraciones, separadas por minutos, estaba todo lo que yo necesitaba saber sobre las intenciones reales de investigar el asunto. Nada iba a suceder.
Decidí entonces hacer lo que la Secretaría de la Honestidad no ha querido hacer: presentar los documentos que muestran evidencias de un presunto conflicto de interés.
Llevé 101 recibos de nómina expedidos por Seguritech Privada a nombre de Daniel Esquenazi Beraha como trabajador directo de la empresa. Llevé 471 recibos de comisiones pagadas a su persona moral por Seguritech y otras empresas del mismo grupo. Llevé las actas del Registro Público del Comercio de “Rancho La Vendimia”, que muestran la relación societaria entre Ariel Zeev Picker Schatz, director ejecutivo de Seguritech, y Esquenazi. Documentos públicos, verificables, que la Secretaría al parecer no encontró para “establecer un vínculo objetivo y demostrable” entre Esquenazi, Seguritech y el gobierno de Guanajuato.
La resolución de la secretaria de la Honestidad, Arcelia González, para congelar la investigación no solo es falsa, fue una decisión de no velar por los intereses de los guanajuatenses, pero sí por los del exgobernador y de la empresa.
Pero la casa de Diego Sinhue es solo el síntoma más visible de una enfermedad más grave.
Desde 2012 —el año en el que comenzaron los contratos con Seguritech—, el gobierno de Guanajuato ha destinado más de 12 mil millones de pesos a esta empresa de tecnología de vigilancia.
El argumento siempre fue el mismo: “la seguridad pública”. La urgencia por atender una demanda ciudadana ha sido la coartada… y la opacidad, sistemática. Los ciudadanos no podemos saber cuánto se paga en total, en qué condiciones, ni si alguien verifica que los servicios se presten como se prometieron, ni si se cumplieron los objetivos.
Lo que sí sabemos es que el dinero no se queda en Seguritech. Una parte significativa fluye hacia subcontratistas y comisionistas, algunos con certificados cancelados por el SAT, otros con historiales de operaciones simuladas. Los expertos consultados describieron como “por lo menos irregular” esta forma de operar. Y que los contratos de Guanajuato y sus municipios generaron 253 millones de pesos en comisiones que van a un beneficiario desconocido.
Los alcances de los periodistas son limitados, pero, al parecer, logramos mucho más que los investigadores de la Honestidad. La empresa no quiso responder nuestras preguntas sobre los controles que ejerce sobre sus proveedores; lo mínimo que espero es que las autoridades sí lo sepan.
Los contratos que el gobierno entregó tras la presión pública por la casa en Texas llegaron con cláusulas testadas, casualmente la mayoría de aquellas que contienen las obligaciones del proveedor.
¿Por qué tapar eso, si no hay nada que ocultar?
A un largo cuestionario que envié a la gobernadora sobre los contratos, la respuesta fue un ambiguo “la transparencia como obligación permanente del Gobierno de la Gente”. Mientras tanto, Seguritech y sus servicios nunca han sido auditados. El gobierno no informa de los contratos todo lo que deberíamos saber. Y la investigación sobre la casa de Diego Sinhue se archivó sin consecuencias.
Todo esto ocurre en el estado que del 2012 al 2024 acumuló 36,138 homicidios, muchos de ellos en municipios donde también contratan los sistemas de monitoreo de Seguritech. El gasto en seguridad aumentó. La violencia también. No hay un solo funcionario de primer nivel de las administraciones de Márquez, Rodríguez o García que no conozca estas cifras, ni que desconozca la relación de Esquenazi con la empresa que factura esos contratos.
Presenté esta denuncia tomándole la palabra a la gobernadora. No lo hago con optimismo: creo que la Secretaría de la Honestidad empleará todos sus recursos en no encontrar lo que a todas luces está ahí. Lo hago porque tenemos el derecho a saber, porque esos documentos existen, porque son prueba de un conflicto de interés que costó dinero público y vidas.
No es solo la casa de Diego. Es la política que la hizo posible, las complicidades que se crearon en el camino y el silencio que las protege.
Este reporte está publicado originalmente en el siguiente enlace.
