La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó dos importantes victorias legales al presidente Donald Trump al respaldar decisiones que fortalecen su agenda para endurecer la política migratoria del país.
En resoluciones aprobadas por una mayoría de seis jueces conservadores contra tres liberales, el máximo tribunal avaló la posibilidad de restringir nuevamente el acceso al asilo en la frontera sur y limitó la capacidad de los tribunales para revisar las decisiones del Ejecutivo sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario que protege de la deportación a cientos de miles de personas.
Las decisiones representan uno de los mayores respaldos judiciales que ha recibido la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca y podrían facilitar la implementación de medidas que afecten a más de un millón de migrantes, tanto aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos como quienes desde hace años residen legalmente bajo programas de protección.
Los dos fallos fueron redactados por el juez conservador Samuel Alito y estuvieron acompañados por fuertes votos disidentes de las magistradas y magistrados del bloque liberal, particularmente de Sonia Sotomayor y Elena Kagan, quienes acusaron a la mayoría de reducir los mecanismos de control judicial sobre el poder ejecutivo.
La Corte limita la revisión judicial sobre el TPS
Uno de los casos analizados por la Corte se centró en el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa creado para permitir que personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos mientras persistan esas condiciones extraordinarias.
Actualmente, el TPS beneficia a ciudadanos de 17 países, aunque la administración Trump busca cancelar la protección para 13 de ellos: Haití, Siria, Venezuela, Honduras, Afganistán, Nepal, Camerún, Myanmar, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Nicaragua.
En su resolución, la mayoría conservadora sostuvo que la legislación que regula el programa impide que los tribunales revisen las decisiones del gobierno sobre la designación o cancelación del TPS.
“Las decisiones del secretario sobre la designación del TPS no están sujetas a revisión judicial”, escribió Samuel Alito al argumentar que el texto de la ley es suficientemente claro para impedir la intervención de los jueces.
La decisión impacta de manera inmediata a aproximadamente 350 mil ciudadanos haitianos y cerca de 6 mil sirios, aunque también podría utilizarse como precedente para acelerar la cancelación del programa en otros países cuyos casos permanecen actualmente litigándose en tribunales federales.
Rechazan argumentos sobre presunta discriminación racial
Durante el litigio, los demandantes haitianos sostuvieron que Trump había actuado motivado por prejuicios raciales al intentar cancelar las protecciones del TPS, señalando diversas declaraciones realizadas por el mandatario durante la campaña presidencial.
Entre ellas figuró la afirmación (ampliamente desmentida) de que migrantes haitianos en Ohio “comiéndose los perros y gatos”.
Sin embargo, la mayoría de la Corte rechazó ese planteamiento.
“Ninguna de las declaraciones citadas, ya fuera del presidente o del secretario, tenía un carácter abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían fundamentarse en razones ajenas a la raza”, escribió Alito.
La magistrada Elena Kagan respondió duramente en su voto disidente.
Kagan señaló que los comentarios de Trump eran “tan repulsivos y cargados de connotaciones raciales que la mayoría se niega a reproducirlos por escrito”, y sostuvo que esas declaraciones “prácticamente gritan, tanto por sus insinuaciones como por sus expresiones explícitas, que la raza influyó en la determinación del presidente de expulsar a los haitianos de este país”.
Luz verde para restringir nuevamente el acceso al asilo
En una segunda resolución, también aprobada por seis votos contra tres, la Corte permitió que el gobierno mantenga la posibilidad de reactivar la política conocida como “metering”, un mecanismo que limita el número de personas que pueden presentar solicitudes de asilo en los puertos oficiales de entrada.
La práctica consiste en impedir que los solicitantes crucen formalmente la frontera para iniciar el procedimiento legal correspondiente, aún cuando manifiesten temor de regresar a sus países de origen.
La política comenzó durante el gobierno de Barack Obama, aunque fue formalizada y ampliada durante el primer mandato de Trump. Posteriormente fue eliminada por la administración de Joe Biden.
Al respecto, Alito declaró:
“Sostenemos que un extranjero que se encuentra en México no ‘llega a Estados Unidos’ por el hecho de intentar, sin éxito, poner un pie en este país. Un extranjero ‘llega a Estados Unidos’ únicamente cuando cruza la frontera”.
El criterio modifica de manera importante la interpretación sobre cuándo una persona adquiere el derecho de solicitar protección bajo las leyes estadounidenses de asilo.
Aunque el actual gobierno aún no ha confirmado que restablecerá formalmente el “metering”, durante los argumentos orales reconoció que desea conservar esa herramienta para utilizarla cuando las condiciones fronterizas así lo requieran.
Jueza advierte consecuencias humanitarias
La respuesta más severa provino de la jueza Sonia Sotomayor, quien tomó la inusual decisión de leer personalmente su voto disidente desde el estrado, un gesto reservado para casos de especial trascendencia.
“Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles. Más personas morirán”.
Sotomayor sostuvo que la política obligará a miles de migrantes a intentar cruces irregulares mucho más peligrosos y recordó uno de los episodios más oscuros de la historia migratoria estadounidense: el rechazo del MS St. Louis, el barco que transportaba a casi mil refugiados judíos que huían de Europa en 1939.
“Si los refugiados del MS St. Louis llegaran hoy a pie a un punto de entrada en nuestra frontera sur, la interpretación de la mayoría permitiría a los agentes de inmigración negarse incluso a considerar sus solicitudes de asilo”.
Tras la lectura del voto, Samuel Alito respondió públicamente a las críticas, un intercambio poco frecuente dentro del protocolo de la Corte Suprema. El juez defendió el “metering” como una política “ordenada y humana”, además de recordar que también fue utilizada durante administraciones anteriores.
Posibles efectos económicos y laborales
Además de las implicaciones migratorias, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advirtieron que el fallo sobre el TPS podría generar importantes consecuencias económicas.
Según estimaciones de la organización FWD.us, los beneficiarios haitianos del programa aportan alrededor de 5 mil 900 millones de dólares a la economía estadounidense y pagan aproximadamente mil 600 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
La organización calcula además que cerca de 190 mil haitianos con TPS se encontraban empleados a inicios de 2025 en sectores como salud, hotelería, comercio minorista y servicios, desempeñándose como asistentes de enfermería, cocineros, meseros, empacadores y trabajadores de atención a personas mayores.
Un nuevo equilibrio entre la Corte y el poder ejecutivo
Para diversos especialistas, los fallos representan mucho más que un respaldo a políticas migratorias específicas.
Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y analista de la Corte Suprema, consideró que las resoluciones reducen significativamente la capacidad del Poder Judicial para supervisar las decisiones migratorias del Ejecutivo.
“Los dos fallos importantes de la Corte Suprema sobre inmigración emitidos el jueves representan grandes victorias para la administración Trump; no porque se hayan ratificado las políticas sustantivas del gobierno, sino porque se ha limitado drásticamente la capacidad de los tribunales para revisar dichas políticas”, afirmó.
Añadió que, al restringir el papel de los jueces en estos casos, la Corte está “tirando la toalla” frente al control del poder ejecutivo “en el peor momento posible de la historia de Estados Unidos para adoptar tal postura”.
