El pasado 11 de junio de 2026, mientras el mundo estaba pendiente de la inauguración de la Copa del Mundo en nuestro país, en el Palacio Nacional se anunciaba una sentencia contra una de las conquistas más sagradas de la clase obrera: el derecho a la organización colectiva.
Ante el indiscutible entrampamiento en las mesas de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación, la SEP y el ISSSTE —donde el magisterio democrático sigue exigiendo demandas históricas como la derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 (impulsada por el gobierno de Felipe Calderón y votada en contra en el Congreso de La Unión por el PRD y el PT) y salarios dignos—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una advertencia táctica en su conferencia matutina. A partir de agosto, anunció, el gobierno “irá directamente con las maestras y los maestros”, escuela por escuela, saltándose a las dirigencias bajo la propuesta de una consulta directa y “sin intermediarios”.
A primera vista, para el oído desprevenido, la propuesta resuena como un acto revolucionario y profundamente democrático. ¿Qué puede ser más horizontal que consultar directamente a las bases? Sin embargo, quienes hemos estado participando y apoyando a los movimientos sociales y sindicales de este país sabemos que detrás de esa retórica “ultrademocrática” se esconde una vieja y peligrosa estrategia de control estatal: desarticular la fuerza colectiva para atomizar al trabajador.
Recordemos la historia, los sindicatos no nacieron de la benevolencia gubernamental ni de encuestas individuales. Nacieron al calor de la Revolución Industrial, cuando el campesinado migró a las ciudades para ser devorado por las fauces de una industria naciente que ofrecía salarios de miseria y jornadas extenuantes. Fue únicamente a través de la organización colectiva, de la unión de miles de trabajadores que en unidad lucharon y conquistaron las jornadas de ocho horas, el salario mínimo, las vacaciones y el derecho a la salud. Un trabajador aislado frente al patrón —o frente al Estado-patrón— está indefenso; unificado en un sindicato, es sujeto de la historia.
Pretender destruir o ningunear la mediación de las organizaciones sindicales bajo el pretexto de la “democracia directa” no es un avance; es una alarmante involución a la lucha por los derechos laborales. Con profunda tristeza e indignación, observamos cómo los gobiernos de la llamada “4T” han venido fomentando de manera sistemática un discurso profundamente individualista en lo social. Bajo la bandera de “entregar todo sin intermediarios”, se destruye el tejido comunitario de las organizaciones populares, agrarias, civiles y sindicales. Se prefiere al ciudadano aislado, dependiente de la ventanilla gubernamental, que al pueblo organizado exigiendo sus derechos en las calles.
Si las propuestas del gobierno hacia el magisterio son tan justas y generosas, que se transparenten en las mesas correspondientes y frente a las representaciones legítimas que las bases se han dado a sí mismas en décadas de resistencia. Usar una consulta masiva e institucional para ignorar a la dirigencia de la CNTE es una simulación que busca legitimar el despojo de los derechos laborales pendientes.
La verdadera transformación de México no se logrará individualizando a la sociedad. Al contrario, la única vía para una justicia social auténtica es el fortalecimiento de la organización popular: desde cada manzana, cada comunidad rural, cada municipio y cada sección sindical. Hoy por hoy, el magisterio sigue peleando por demandas que fueron la base de la Tercera Transformación de México, la Revolución Mexicana. El llamado de la presidenta a desacreditar la organización gremial deshonra esa memoria histórica. El sindicato se defiende, porque sin organización colectiva, la justicia social es sólo una promesa de campaña.
